La Generalitat contrata la redacción del plan rector de uso y gestión de Mariola

La Conselleria de Territorio ha contratado la asistencia técnica para la redacción del plan rector de uso y gestión del parque natural de la Sierra de Mariola. Así se informó en la última reunión celebrada por la junta rectora del paraje, cita en la que también se indicó que se está trabajando en los planes de prevención de incendios y de ordenación forestal.

La junta rectora del parque natural de Mariola se reunía esta semana en Banyeres, con el objetivo de presentar la memoria de actividades correspondiente al ejercicio que está a punto de concluir. Desde la dirección se informaba que la Conselleria de Territorio ha contratado la asistencia técnica del plan rector de uso y gestión. Para el año 2005 está previsto contactar con los agentes externos implicados en la gestión del espacio natural, para dotar de mayor coherencia al documento. El objetivo de este plan es desarrollar las directrices y las normas de gestión específicas del paraje.
Asimismo, los técnicos están trabajando en el programa de prevención de incendios, que contemplará análisis de riesgos, actuaciones específicas, cartografía, sistema de información geográfica, memoria económica y plan de infraestructuras, entre otros aspectos. Cabe reseñar, en este sentido, que durante el presente año se contabilizaron un total de cinco incendios en el parque natural, cuatro de ellos en el término de Cocentaina y uno en el de Alcoy. Todos fueron de escasa envergadura.
De igual forma, la Conselleria está redactando el pliego de condiciones para la asistencia técnica del plan de ordenación forestal integral.
En el año 2004, por otro lado, el servicio de inspección ha tramitado 11 denuncias en el ámbito del PORN de Mariola, dos de ellas en Alcoi, una en Alfafara, seis en Bocairent, una en Cocentaina y una en Agres.

Construcciones ilegales
Las infracciones hacen referencia a construcciones ilegales, vallados ilegales, roturación y circulación de medios motorizados. Las denuncias por construcciones ilegales son remitidas a Fiscalía para su tramitación, si así se estima, por delito penal. Las denuncias, además de la sanción económica, implican la restauración de los elementos.

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